La postura del alcalde de Gondomar, Carlos Silva, ante el conflicto urbanístico de su municipio no cambiará pese a la querella de la Fiscalía de Vigo. Tras las advertencias de la Dirección Xeral de Urbanismo que le instaban a anular las 300 licencias otorgadas entre enero de 2005 y febrero de este año, ni siquiera una demanda del ministerio público que considera los permisos de obra ilegales le anima a reconducir la situación. Tanto su gobierno como sus asesores legales -externos al concello- insisten en que el Plan Xeral de Ordenación Municipal sigue en vigor porque el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo tiene "efectos suspensivos" sobre la anulación del documento. Así, el regidor replica al fiscal que las autorizaciones de obra se ajustan a derecho y que la junta de gobierno continuará otorgando permisos bajo el mismo marco legal.

Silva compareció ayer junto al jefe del gabinete jurídico que le asiste en el proceso, Calixto Escariz, que intervino para justificar la vigencia del Plan Xeral de Gondomar, aprobado en 1997 y anulado por una sentencia del Tribunal Supremo en abril de 2005.

Proceso de un año

El letrado recordó el acuerdo plenario de mayo del año pasado, en que los concejales aprobaban modificaciones del PXOM para ajustarlo al fallo judicial que lo suspendía. Aquella decisión fue rechazada por el Gobierno de la Xunta, todavía del PP, que instó al ayuntamiento a revocarla. Al no hacerlo los ediles gondomareños, el Ejecutivo gallego interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para pedir la suspensión cautelar del documento urbanístico.

El TSXG dio la razón a la Xunta y desestimó pocos meses después un recurso de súplica del gobierno municipal. Seguidamente, el equipo encabezado por Carlos Silva presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, a juicio del letrado, tiene "efectos suspensivos" sobre la sentencia de anulación. "Se puede discutir sobre el plan, pero lo cierto es que sigue en vigor y a ningún abogado se le ocurriría decir lo contrario", argumenta el letrado.

Ante este panorama, abogado y alcalde inciden en que la concesión de licencias es un proceso reglado, por lo que "tenemos la obligación de contestar a las solicitudes". Si esas peticiones son correctas, "no queda más remedio que otorgar los permisos", manifiesta Silva.

En este sentido, niega la existencia de informes negativos por parte de los técnicos municipales. "La secretaria municipal sólo mostraba dudas sobre la legalidad de la concesión de licencias y por eso acudimos a informes externos. No podemos otorgar autorizaciones sin estar seguros de ello", argumenta el regidor.

Motivaciones políticas

El trasfondo político de la querella está claro, según Carlos Silva. El alcalde afirmó que el fiscal "se ha sumado a la persecución política de la Xunta". "No hay que olvidar quién nombra a estos cargos", apunta. En relación al enfrentamiento con el Gobierno gallego, recriminó a la Dirección Xeral de Urbanismo el traslado de la documentación a la Fiscalía poco después de que lo hiciese el grupo municipal del BNG. "Si de verdad están tan preocupados por la situación, podrían haber presentado un recurso contencioso administrativo, pero eso no interesa políticamente porque les enfrentaría con los vecinos", protesta. Asimismo, el regidor cuestiona el hecho de que la conselleira de Política Territorial no le haya recibido desde que le solicitó una reunión, el pasado mes de octubre.

La actuación de la Xunta ha sido "irresponsable" en este asunto, según el alcalde, quien afirma que el proceso afecta a trescientas familias de Gondomar. "La mayor parte de las licencias corresponden a viviendas unifamiliares solicitadas por vecinos del municipio. Se está creando una alarma social muy importante", explica. Silva considera que no hay razón para sostener esta actitud. "No estamos hablando de situaciones urbanísticas extrañas, ni recalificaciones irregulares sino de un defecto de forma del PXOM", alega.

En esta línea, Escariz critica también al fiscal. Considera que el ministerio público "busca un asesinato sin muerto" y afirma que la acusación particular "no está preparada para este tipo de casos".